ASSEDEL
En junio de 2026, el Parlamento Europeo aprobó el «Reglamento de Retorno», un amplio marco legislativo destinado a reformar los procedimientos de retorno de los nacionales de terceros países que no tienen derecho legal a permanecer en la Unión Europea. Tras esta votación histórica, ASSEDEL (Asociación Europea para la Defensa de los Derechos y las Libertades) publicó un informe exhaustivo en el que analiza las graves implicaciones de las modificaciones recientemente aprobadas para los derechos humanos.
El informe de ASSEDEL, elaborado por Yanna Moulay-Réthoré y Cecilia Invernizzi, examina el Reglamento desde una perspectiva temática dividida en tres partes y pone de relieve un peligroso desplazamiento hacia la seguridad en detrimento de la dignidad humana fundamental.
1. Más poder para los Estados, menos garantías para las personas
El Reglamento reduce significativamente las responsabilidades de los Estados miembros, al tiempo que amplía su margen de discrecionalidad. Convierte lo que deberían ser obligaciones estrictas de protección en medidas opcionales basadas en la «buena voluntad» de cada Estado.
Excepciones y «riesgos para la seguridad»: Los Estados miembros pueden ahora apartarse del procedimiento establecido en el Reglamento en el caso de nacionales de terceros países considerados un «riesgo para la seguridad». Dado que el texto no proporciona ejemplos específicos de lo que constituye un riesgo para la seguridad, la identificación de dichos riesgos queda enteramente a discreción de las autoridades nacionales.
2. Una carga insoportable para los nacionales de terceros países
El marco impone una carga de responsabilidad extremadamente pesada directamente sobre los hombros de los migrantes. El texto emplea un lenguaje altamente imperativo, exigiendo que las personas «cumplan» en lugar de limitarse a permanecer a disposición de las autoridades, lo que genera una relación de poder especialmente desigual.
Obligaciones estrictas: Los nacionales de terceros países se enfrentan a amplias exigencias de cooperación con las autoridades, incluida la obligación de proporcionar información detallada sobre sus rutas de viaje y los países de tránsito.
Desatención de las situaciones de vulnerabilidad: Los Estados miembros ya no están obligados de manera explícita a tener en cuenta «cualquier situación de vulnerabilidad» al gestionar estos casos, lo que suscita graves preocupaciones en materia de respeto de los derechos humanos.
3. Criminalización y prolongación de la detención
Quizá el aspecto más preocupante del Reglamento de Retorno sea la criminalización inherente de los nacionales de terceros países, quienes son presentados con frecuencia como personas poco cooperativas o malintencionadas. La legislación utiliza el pretexto de la seguridad nacional para justificar medidas extremas.
Detención prolongada: El Reglamento establece períodos máximos de detención de 24 meses, con disposiciones que permiten nuevas prórrogas si una persona es considerada un «riesgo para la seguridad». Esto crea vacíos jurídicos y abre la posibilidad de una situación de privación de libertad potencialmente indefinida, similar a un régimen de prisión al aire libre.
Medidas coercitivas: El Reglamento introduce la posibilidad de que las autoridades efectúen registros y confiscaciones sin el consentimiento del nacional de un tercer país.
Sanciones penales: El incumplimiento del procedimiento de retorno puede dar lugar a sanciones penales, incluida la pena de prisión conforme al Derecho nacional.
Debilitamiento de las garantías jurídicas: Se han eliminado garantías fundamentales. Por ejemplo, las modificaciones han suprimido la garantía de que los nacionales de terceros países puedan solicitar asistencia y representación jurídica gratuitas.
El principio de no devolución (non-refoulement): De manera alarmante, el Reglamento elimina el requisito de que una autoridad judicial competente verifique el cumplimiento del principio de no devolución, piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos.
Lee el informe completo aquí.