ASSEDEL
Observaciones de ASSEDEL sobre el trabajo en curso de la Comisión de Venecia
ASSEDEL ha elaborado un informe que contribuye a la evaluación en curso realizada por la Comisión de Venecia en el marco de su Dictamen Conjunto n.º 238/2025 sobre el proyecto de ley relativo al estatuto de los jueces nombrados o ascendidos entre 2018 y 2025 y otras cuestiones relacionadas, elaborado conjuntamente con la Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa. El informe tiene como objetivo proporcionar una evaluación jurídica y fáctica exhaustiva de la actual crisis judicial en Polonia y apoyar a las instituciones europeas en la evaluación de la compatibilidad de las reformas propuestas con los estándares europeos del Estado de Derecho.
Las reformas judiciales bajo examen
Desde 2015, Polonia ha llevado a cabo reformas de gran alcance de su sistema judicial tras la victoria electoral del partido Ley y Justicia (PiS). Estos cambios han alterado profundamente la estructura y el funcionamiento de instituciones judiciales fundamentales, generando una amplia preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Organismos internacionales, entre ellos la Comisión Europea y el Consejo de Europa, han advertido reiteradamente de que las reformas socavan el Estado de Derecho y debilitan la independencia judicial.
La politización del Consejo Nacional del Poder Judicial
Una de las reformas más controvertidas afectó al Consejo Nacional del Poder Judicial (KRS), el órgano encargado de salvaguardar la independencia judicial y recomendar los nombramientos judiciales. Desde 2018, los quince miembros judiciales del KRS son elegidos por el Sejm, en lugar de ser elegidos por los propios jueces. Este cambio incrementó significativamente la influencia política sobre los nombramientos judiciales y condujo a la aparición del denominado «neo-KRS», cuya legitimidad ha sido ampliamente cuestionada por tribunales, académicos e instituciones internacionales.
El surgimiento de los neo-jueces y sus consecuencias
Como consecuencia de los nombramientos realizados a través del KRS politizado, un número creciente de los denominados «neo-jueces» desempeña actualmente funciones en los tribunales polacos. Según el Ministerio de Justicia, representan aproximadamente el 28 % de los jueces de los tribunales ordinarios, el 34 % de los jueces del Tribunal Supremo Administrativo y hasta el 60 % de los jueces del Tribunal Supremo. Su participación en la administración de justicia ya ha dado lugar a indemnizaciones superiores a 5,5 millones de zlotys concedidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por vulneraciones del derecho a un juicio justo.
El recurso extraordinario y la inseguridad jurídica
Otra reforma fundamental fue la introducción, en 2017, del recurso extraordinario como mecanismo que permite reabrir sentencias judiciales firmes. La competencia sobre estos asuntos se atribuyó exclusivamente a la recién creada Sala de Revisión Extraordinaria y Asuntos Públicos (CERPA). Sin embargo, esta sala está integrada íntegramente por jueces nombrados con la participación del neo-KRS, lo que ha suscitado serias dudas sobre su independencia y legalidad. El procedimiento del recurso extraordinario ha sido duramente criticado por vulnerar la seguridad jurídica y permitir la interferencia política en sentencias firmes.
La sentencia Wałęsa c. Polonia
Estos problemas sistémicos culminaron en la sentencia histórica del asunto Wałęsa c. Polonia, en la que el TEDH determinó que el recurso extraordinario contra la sentencia civil firme de larga data de Lech Wałęsa vulneró el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal concluyó que la CERPA no constituía un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley y que el mecanismo de revisión extraordinaria se había utilizado como instrumento político para revocar una sentencia desfavorable. Este caso se convirtió en un ejemplo simbólico de cómo las reformas judiciales han afectado a los derechos individuales.
Sentencia piloto y crisis sistémica
Lo que distingue la sentencia Wałęsa de casos anteriores es que el Tribunal decidió aplicar el procedimiento de sentencia piloto. Identificó problemas estructurales profundos e interrelacionados en el núcleo del sistema judicial polaco: la composición defectuosa del KRS, la falta de independencia de la CERPA y el uso indebido del procedimiento de recurso extraordinario. El Tribunal señaló el rápido aumento del número de solicitudes similares y concluyó que estas cuestiones constituyen una amenaza sistémica para el Estado de Derecho en Polonia.
Intentos de reparación legislativa
Reconociendo la magnitud de la crisis, el Ministerio de Justicia ha preparado un proyecto de ley destinado a restablecer el derecho a un tribunal independiente e imparcial y a regular los efectos jurídicos de las resoluciones adoptadas por el neo-KRS entre 2018 y 2025. El proyecto también pretende aplicar la sentencia Wałęsa. Sin embargo, la propuesta ha recibido críticas, entre ellas las del Defensor del Pueblo polaco, quien advierte contra la invalidación automática de los nombramientos judiciales sin una revisión judicial individualizada.
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