ASSEDEL
Turquía ha introducido modificaciones a la Ley n.º 6087, la Ley sobre el Consejo de Jueces y Fiscales, que aumentan la influencia del Estado sobre el poder judicial, comprometiendo así la imparcialidad de jueces y fiscales.
En su presentación, ASSEDEL ha detallado las prácticas existentes dentro del poder judicial turco y la evolución de la relación entre el Estado y el poder judicial.
Turquía, establecida bajo un sistema parlamentario por la Constitución de 1924, mantuvo este sistema durante casi un siglo. Sin embargo, tras el intento de golpe de Estado de 2016, aumentó el descontento del partido gobernante debido a la supuesta incapacidad del Estado para abordar eficazmente situaciones críticas. Como resultado, un referéndum celebrado en 2017 condujo a un cambio en el sistema de Turquía, combinando elementos presidenciales y parlamentarios. Las recientes modificaciones de la Ley sobre el Consejo de Jueces y Fiscales forman parte de esta transformación en curso.
La Ley sobre el Consejo de Jueces y Fiscales establece la creación, organización, funciones, competencias y procedimientos del Consejo, sobre la base de los principios de independencia judicial y seguridad en el cargo de jueces y fiscales. El Consejo está compuesto por trece miembros, con el Ministro de Justicia como Presidente. El Consejo funciona en dos cámaras y tiene la responsabilidad de nombrar, trasladar, imponer sanciones disciplinarias e inspeccionar a los jueces, tal como se especifica en el artículo 4 de la ley.
En resumen, la nueva ley sitúa al Consejo de Jueces y Fiscales bajo un estricto control gubernamental, debilitando la imparcialidad y la autonomía del poder judicial. El aumento de los poderes del Presidente, especialmente tras el referéndum de 2017, merece ser examinado por la Comisión de Venecia. La evaluación debería centrarse en estas prácticas y no únicamente en el marco jurídico.
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