ASSEDEL
Tras el nuevo juicio de Yalçınkaya, la sentencia del Segundo Tribunal Penal Superior de Kayseri revela que el poder judicial turco se muestra reticente a aplicar la sentencia del Tribunal.
Yüksel Yalçınkaya trabajaba como profesor antes del intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016. Debido a las sospechas sobre su presunta vinculación con el Movimiento Gülen, fue primero destituido de su cargo en virtud del Decreto Ley n.º 672 y posteriormente detenido el 6 de octubre de 2016.
La sentencia de la Gran Sala de 2023 constató violaciones del artículo 6.1, del artículo 7 y del artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La sentencia señaló que las acusaciones del Estado turco relativas a los delitos presuntamente cometidos por el Sr. Yalçınkaya carecían de base legal y previsibilidad, constituyendo así una violación del artículo 7 (nullum crimen, nulla poena sine lege). Las acusaciones contra el demandante se basaban en su supuesta actividad en línea en la aplicación ByLock, vinculándolo directamente con la pertenencia a una organización terrorista armada y con la participación en la estructura jerárquica de FETÖ/PDY. El demandante negó sistemáticamente estas acusaciones y afirmó que nunca había descargado la aplicación.
Además, tras la sentencia, varias otras personas fueron detenidas por acusaciones similares relacionadas con el supuesto uso de la aplicación ByLock. Aunque la sentencia del Tribunal debería haber sentado un precedente para casos similares pendientes ante los tribunales nacionales, el poder judicial turco se ha negado sistemáticamente a aplicar la sentencia del Tribunal en procedimientos penales similares al caso Yalçınkaya.
El plan de acción presentado por Türkiye tenía como objetivo presentar las violaciones como no sistémicas. El poder judicial turco debe disponer de recursos efectivos para abordar adecuadamente las medidas individuales en este tipo de casos.
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