Contribución de ASSEDEL al Informe del Parlamento Europeo sobre Turquía de 2026

Contribución

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La contribución de ASSEDEL al Informe del Parlamento Europeo sobre Turquía de 2026 examina la persistencia de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Turquía, con especial atención al uso indebido continuado de la legislación antiterrorista y al incumplimiento de las sentencias vinculantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El informe se basa en acontecimientos jurídicos recientes, en particular en la sentencia de la Gran Sala en el asunto Yüksel Yalçınkaya c. Turquía (septiembre de 2023) y en la posterior resolución relativa a 2.420 solicitudes relacionadas, que confirmó la existencia de deficiencias estructurales en los procesos judiciales relacionados con el terrorismo.

El informe documenta cómo las disposiciones antiterroristas, especialmente el artículo 314 del Código Penal turco, continúan aplicándose de manera excesivamente amplia e imprevisible. Las personas son procesadas de forma habitual por conductas lícitas, como el uso de herramientas de comunicación cifrada, la pertenencia a sindicatos o asociaciones legales, la participación en actividades educativas o benéficas, o los vínculos familiares con personas destituidas o procesadas. Estas prácticas socavan el principio de responsabilidad penal individual y el Estado de derecho.

Una de las principales preocupaciones es la falta de aplicación de la sentencia Yalçınkaya. A pesar de su carácter vinculante y de la identificación explícita de violaciones estructurales de los artículos 7, 6 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, los tribunales turcos han seguido basándose en los mismos patrones probatorios condenados por el TEDH. No se han adoptado reformas legislativas o judiciales significativas, y la nueva condena del propio Sr. Yalçınkaya constituye un ejemplo de la resistencia persistente al cumplimiento de la sentencia. La posterior sentencia del TEDH relativa a 2.420 solicitudes confirma que estas violaciones persisten a gran escala.

El informe también destaca el uso generalizado de la detención arbitraria y graves deficiencias en materia de juicio justo, entre ellas la prisión preventiva sistemática sin una evaluación individualizada, el acceso restringido a los expedientes judiciales, el recurso a testigos anónimos y pruebas digitales no verificadas, así como las limitaciones al acceso a asistencia letrada. Estas prácticas han sido criticadas reiteradamente por el TEDH, los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, pero siguen profundamente arraigadas.

Se presta especial atención al impacto desproporcionado de estas políticas sobre las mujeres, los estudiantes y los menores. Las detenciones y procesos judiciales relacionados con actividades educativas o sociales lícitas han interrumpido el acceso a la educación, han dado lugar a prolongadas detenciones preventivas de mujeres jóvenes y han implicado violaciones procesales que afectan a niños y niñas, suscitando graves preocupaciones en virtud de las normas internacionales de derechos humanos y de protección de la infancia.

Otra tendencia especialmente alarmante identificada en el informe es la criminalización de la solidaridad y de la asistencia humanitaria. Actos como proporcionar alimentos, apoyo financiero o asistencia jurídica a las familias de personas detenidas han sido objeto de procesos penales como delitos relacionados con el terrorismo, agravando la pobreza y la exclusión social y socavando el trabajo de los actores de la sociedad civil y de los abogados.

Mientras el Parlamento Europeo prepara su Informe sobre Turquía de 2026, ASSEDEL pide un enfoque de la Unión Europea basado en principios y creíble, que reafirme la importancia central del Estado de derecho, la independencia judicial y la plena ejecución de las sentencias del TEDH como criterios fundamentales en las relaciones entre la UE y Turquía. El informe subraya que los avances tangibles en la adecuación de las prácticas nacionales a las normas europeas de derechos humanos son esenciales para restablecer la confianza y avanzar hacia una gobernanza democrática.

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