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El Convenio sobre la Prevención y la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, más conocido como Convenio de Estambul, es un tratado europeo de referencia cuyo objetivo es eliminar la violencia contra las mujeres. El Convenio surgió de los esfuerzos del Consejo de Europa por reforzar la protección de las mujeres, que comenzaron en la década de 1990. Los informes y datos nacionales revelaron tanto la magnitud del problema como importantes disparidades en la forma en que los Estados responden a este tipo de violencia. Los llamamientos a la acción se intensificaron, junto con un creciente apoyo político a la armonización de las normas jurídicas en toda Europa para garantizar el mismo nivel de protección a las víctimas.
En respuesta, el Consejo de Europa reconoció la necesidad de establecer normas jurídicas integrales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. El Convenio fue adoptado el 7 de abril de 2011 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y entró en vigor en agosto de 2014. A partir de ese momento, todos los Estados que ratifican el Convenio quedan jurídicamente vinculados por sus disposiciones.
En la actualidad, 39 Estados miembros del Consejo de Europa han ratificado el Convenio. La influencia del Tratado se ha extendido más allá de Europa, y los Estados no miembros también han mostrado interés en firmarlo. Sin embargo, su avance no ha estado exento de controversias. En los últimos años, el Convenio ha sido objeto de crecientes críticas y reacciones políticas en varios países. En julio de 2021, Turquía, uno de los primeros Estados en ratificar el tratado, se retiró del Convenio, convirtiéndose en el primer Estado miembro en hacerlo.
Ante el giro de Europa hacia la derecha y la creciente resistencia a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres, el Convenio de Estambul sigue siendo una salvaguarda fundamental que debe protegerse.
Marco jurídico, principios fundamentales y mecanismos de supervisión
El Convenio de Estambul especifica y tipifica como delitos diversas formas de violencia y violencia doméstica, entre ellas:
- Violencia física
- Violencia psicológica
- Acoso persistente
- Violencia sexual, incluida la violación
- Matrimonio precoz y matrimonio forzado
- Mutilación genital femenina
- Aborto forzado
- Esterilización forzada
- Acoso sexual
Las Partes del Convenio deben incorporar estos delitos a sus sistemas jurídicos cuando aún no estén establecidos. Una vez que estos delitos se incorporan al sistema jurídico, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las denuncias sean investigadas de manera efectiva y que los responsables sean debidamente procesados. Esto incluye la recopilación de pruebas y la evaluación de cualquier riesgo de que se produzca nueva violencia, con el fin de garantizar la protección de la víctima.
El Convenio se estructura en torno a cuatro pilares principales, los cuatro «P», que establecen cómo deben abordar los Estados la violencia de manera integral: Prevención, Protección, Persecución y Políticas integradas. El primero, la prevención, exige que los Estados prevengan la violencia mediante la educación y la sensibilización. En segundo lugar, cuando las medidas preventivas han fracasado, las víctimas deben recibir protección y apoyo mediante servicios especializados de apoyo, como centros de derivación para víctimas de violencia sexual y líneas telefónicas de ayuda disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La prevención también incluye garantizar que las víctimas conozcan sus derechos y estén informadas sobre dónde y cómo pueden acceder a ayuda. En tercer lugar, la persecución implica la tipificación como delitos de las conductas mencionadas anteriormente, así como su correcta aplicación y ejecución. Por último, la necesidad de políticas integradas confirma que la lucha contra la violencia hacia las mujeres no puede llevarse a cabo sin la colaboración y coordinación de diferentes actores e instituciones, incluidas las instituciones gubernamentales, pero también las organizaciones no gubernamentales y todos los ciudadanos.
El organismo independiente de supervisión que comprueba si los Estados cumplen sus obligaciones en virtud del Convenio de Estambul es el GREVIO, Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Mediante evaluaciones periódicas, informes nacionales y visitas sobre el terreno, el GREVIO evalúa la aplicación del Convenio, formula recomendaciones de mejora y supervisa los avances en la prevención de la violencia, la protección de las víctimas, el enjuiciamiento de los autores y la promoción de políticas coordinadas. Sus conclusiones ayudan a exigir responsabilidades a los Estados y los orientan en el fortalecimiento de los marcos jurídicos y los sistemas de apoyo para las mujeres.
Un enfoque basado en el género para comprender y combatir la violencia
Además, una característica central del Convenio de Estambul es su enfoque sensible al género, que reconoce el carácter estructural de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En particular, reconoce que las mujeres suelen ser objeto de violencia debido a su género y que determinadas formas de violencia, incluida la violencia doméstica, las afectan de manera desproporcionada. Esta violencia es tanto una manifestación como un factor que impulsa las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres.
Por consiguiente, la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son elementos esenciales para combatir eficazmente este tipo de violencia. Al incorporar explícitamente el concepto de género, el Convenio también garantiza que las medidas y políticas se basen en una comprensión de la violencia desde una perspectiva de género, permitiendo así una respuesta más eficaz a las experiencias y necesidades específicas de las mujeres.
Otros temas del Convenio incluyen a las mujeres migrantes y a las mujeres refugiadas, que presentan un mayor riesgo de sufrir violencia y enfrentan mayores dificultades para superarla y acceder al apoyo jurídico y social adecuado. Asimismo, los niños constituyen otro tema, ya que requieren un reconocimiento jurídico específico y medidas de protección adaptadas a ellos, dada su mayor vulnerabilidad y dependencia de las personas encargadas de su cuidado. En el caso de la violencia doméstica, se reconoce que los niños no necesitan verse afectados directamente, ya que presenciar este tipo de violencia puede ser igualmente traumático.
Aunque el Convenio se centra principalmente en las mujeres como víctimas de violencia, también establece un marco de protección que se extiende a hombres y niños, que también pueden ser víctimas de violencia doméstica. Por consiguiente, se alienta a los Estados a aplicar estas medidas también a ellos.
Reacciones adversas y obstáculos al progreso
A pesar del papel pionero del Convenio en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también ha sido objeto de críticas por parte de Estados que lo habían ratificado. Turquía fue el primer Estado en retirarse, mientras que Letonia estuvo a punto de tomar una medida similar. Además, algunos países de la UE, como Bulgaria, la República Checa, Hungría, Lituania y Eslovaquia, aún no han ratificado el Convenio, lo que genera temores de que puedan seguir el ejemplo del Gobierno de Erdoğan.
El Convenio está siendo objeto cada vez más de reacciones adversas de carácter conservador y religioso, que a menudo distorsionan sus verdaderos objetivos. Entre las razones que se suelen citar para denunciarlo se encuentran las preocupaciones de que el Convenio imponga una «ideología extranjera» al socavar los valores familiares tradicionales o promover la homosexualidad. Por ejemplo, en 2018, el Tribunal Constitucional de Bulgaria declaró inconstitucional el Convenio de Estambul, argumentando que entra en conflicto con el concepto binario del sexo como algo determinado al nacer. Del mismo modo, en Polonia, que ratificó el Convenio en 2015, este fue objeto de una fuerte reacción adversa en 2020 por parte de su entonces primer ministro, Mateusz Morawiecki, quien lo criticó por promover la «ideología de género». Además, llegó a intentar influir en otros gobiernos promoviendo un «tratado alternativo» destinado a sustituir el Convenio, que busca reforzar los valores familiares tradicionales, restringir el aborto y prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Asimismo, la resistencia cultural, social y política en algunos países ha ralentizado la adopción de medidas como una educación sexual integral, el reconocimiento de estructuras familiares no tradicionales o el apoyo a grupos marginados, como las mujeres migrantes y las víctimas LGBTQ+. También persisten deficiencias en la aplicación, entre ellas la formación insuficiente del personal encargado de hacer cumplir la ley y del personal judicial, el acceso limitado a servicios especializados de apoyo en zonas rurales o desatendidas y una financiación insuficiente para los refugios, las líneas telefónicas de ayuda y los programas de prevención.
Por qué es importante el Convenio
Los Estados que aún no han ratificado el Convenio suelen argumentar que este es innecesario, alegando que ya existen medidas suficientes a nivel nacional para proteger a las mujeres. Sin embargo, el Convenio de Estambul sigue siendo el instrumento de derechos humanos jurídicamente vinculante más sólido y establece los estándares más elevados para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres. Asimismo, establece disposiciones adicionales que van más allá de los marcos nacionales y proporcionan una capa adicional de protección.
Además, el GREVIO garantiza la rendición de cuentas y ayuda a cerrar la brecha entre las protecciones jurídicas formales y su aplicación práctica, que es precisamente donde los sistemas nacionales suelen presentar deficiencias. Por ejemplo, desde la ratificación del Convenio, el acoso persistente ha sido tipificado como delito en Albania, Portugal y Montenegro. Portugal también ha tipificado recientemente como delito el matrimonio forzado, mientras que Montenegro ha convertido la esterilización forzada en un delito punible. Además, un número creciente de Estados miembros ha reformado su legislación para pasar de una definición de violencia sexual basada en la coerción a una basada en el consentimiento, tal como exige el Convenio.
En última instancia, la ratificación del Convenio no solo fortalece los esfuerzos nacionales, sino que también contribuye a establecer un estándar internacional unificado para combatir la violencia contra las mujeres.
Fuentes: Amnesty International. (2021, 11 oktober). Here’s why the Istanbul Convention Saves Lives. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/heres-why-the-istanbul-convention-saves-lives/
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Ciobanu, C., & Eisenchteter, J. (2024, 8 februari). Women’s Rights in Poland and Czechia: Seeing Past the Istanbul Convention. Balkan Insight. https://balkaninsight.com/2024/02/07/womens-rights-in-poland-and-czechia-seeing-past-the-istanbul-convention/rd/
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Key facts about the Istanbul Convention. (z.d.). www.coe.int. https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/key-facts
Lane, S. (2025, 21 november). What’s happening in Latvia with the Istanbul Convention? Equality Now. https://equalitynow.org/news/news-and-insights/whats-happening-in-latvia-with-the-istanbul-convention/
The Istanbul Convention: a framework in crisis? (z.d.). GMFUS. https://www.gmfus.org/news/istanbul-convention-framework-crisis
Thematic perspectives on the implementation of the Istanbul Convention. (z.d.). In edoc.coe.int. https://edoc.coe.int/fr/violence-l-gard-des-femmes/12132-thematic-perspectives-on-the-implementation-of-the-istanbul-convention.html