ASSEDEL
Durante años, los Países Bajos se han enorgullecido de su sólida tradición en materia de derechos humanos. Sin embargo, las imágenes difundidas en el verano de 2022 desde la pequeña localidad norteña de Ter Apel contaron una historia diferente. Cientos de solicitantes de asilo, entre ellos familias con niños pequeños, menores no acompañados y mujeres embarazadas, se vieron obligados a dormir al aire libre durante varias noches frente al centro nacional de registro. En una de las naciones más ricas de Europa, personas que buscaban seguridad quedaron tendidas sobre el césped sin refugio, alimentos ni instalaciones sanitarias.
Lo que comenzó como un momento de conmoción e indignación pública se ha convertido desde entonces en un fracaso estructural. Tres años después, el sistema de asilo neerlandés sigue estando sobrecargado y, según los tribunales nacionales y los organismos de supervisión, peligrosamente cerca de incumplir las obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos.
Una crisis que nunca terminó
En 2025, casi 77.000 personas vivían en instalaciones de asilo que no habían sido diseñadas para acoger a un número tan elevado de personas. Muchas fueron alojadas en gimnasios reconvertidos, tiendas de campaña o edificios de oficinas vacíos, y aproximadamente el 40 % permanecía en centros de emergencia conocidos como “crisisnoodopvang”, destinados originalmente a un uso temporal. Los inspectores de la Inspección de Salud y Atención a la Juventud (IGJ) describieron una “higiene que deja mucho que desear” y “poca o ninguna privacidad”, mientras que el Defensor Nacional del Pueblo advirtió que “se están vulnerando derechos fundamentales porque faltan servicios esenciales”.
El Gobierno ha atribuido repetidamente la situación a la escasez de viviendas y a la resistencia de los municipios que no están dispuestos a acoger nuevos centros. Sin embargo, los tribunales han dejado claro que estas explicaciones no eximen al Estado de su responsabilidad. En 2022, el Tribunal de Distrito de La Haya dictaminó que los Países Bajos ni siquiera habían cumplido las normas mínimas establecidas por la ley para garantizar una acogida humanitaria. Posteriormente, un tribunal de Groningen impuso sanciones económicas diarias debido a la persistente sobreocupación en Ter Apel. Los jueces concluyeron que la falta de recursos no puede justificar la exposición de las personas a condiciones degradantes.
Vivir en el limbo
El malestar físico es solo una parte de la experiencia de quienes esperan una decisión sobre su solicitud de asilo. El coste psicológico también es enorme. Los solicitantes de asilo entrevistados por VluchtelingenWerk Nederland describieron una sensación paralizante de incertidumbre y pérdida de control. “A veces siento que ni siquiera estoy allí”, dijo una madre que llevaba más de dos años separada de sus hijos.
Actualmente, la mayoría de los solicitantes de asilo esperan mucho más de un año —y, en algunos casos, casi dos— para que sus solicitudes sean tramitadas. Los frecuentes traslados y el aislamiento agravan su sufrimiento, y los profesionales de la salud mental han advertido que el propio sistema se ha convertido en una fuente de trauma.
Los niños se encuentran entre los más afectados. En 2025, más de 7.000 menores vivían en alojamientos temporales, muchos de ellos sin acceso a una escolarización estable, un descanso adecuado o espacios para jugar. Los inspectores constataron que algunos niños fueron trasladados hasta cuatro o cinco veces al año, lo que los dejaba “estructuralmente agotados” y expuestos al riesgo de sufrir daños duraderos en su desarrollo. Para las familias, las prolongadas demoras en la reunificación han profundizado el sufrimiento. Un padre declaró a VluchtelingenWerk: “Mi hija ya no me reconoce”.
Promesas legales, erosión política
El marco jurídico establece claramente que, en virtud del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, los Estados deben prevenir los tratos inhumanos o degradantes, independientemente de las presiones políticas o administrativas. Sin embargo, las políticas neerlandesas se han orientado cada vez más hacia la disuasión en lugar de la protección.
La Spreidingswet, o Ley de Distribución, introducida en 2024 para garantizar una distribución más justa de las responsabilidades de acogida entre los municipios, mejoró inicialmente la capacidad y la cooperación. Sin embargo, tras la formación de una nueva coalición de derechas a finales de ese año, el Gobierno anunció planes para derogar la ley.
En su lugar se introdujo la Ley de Medidas de Emergencia en materia de Asilo, que redujo la duración de los permisos de residencia de cinco a tres años, restringió la reunificación familiar, amplió el uso de la detención y limitó el reasentamiento gestionado por el ACNUR a tan solo 200 personas al año. Tanto el ACNUR como VluchtelingenWerk advirtieron que estas medidas intensificarían la crisis en lugar de resolverla. “El enfoque prioriza los mensajes políticos por encima de las soluciones estructurales”, declaró VluchtelingenWerk.
De la supervisión a la obligación
La crisis no solo ha puesto a prueba los límites de la voluntad política, sino que también ha expuesto los límites de la legalidad. Los tribunales han determinado repetidamente que el incumplimiento por parte del Estado de proporcionar condiciones de vida adecuadas vulnera sus obligaciones en virtud del artículo 3 del CEDH. En un caso, el tribunal de Groningen impuso multas de 15.000 euros diarios por la sobreocupación en Ter Apel, una sanción que fue confirmada por el Tribunal de Apelación en 2025. Los inspectores continúan advirtiendo que la sobreocupación, los largos tiempos de espera y las deficientes condiciones de higiene representan graves riesgos para la salud, especialmente para los grupos vulnerables.
Detrás de cada estadística hay una persona que intenta reconstruir su vida después del desplazamiento. Muchas llegaron a los Países Bajos buscando protección, solo para enfrentarse a una nueva capa de dificultades creada por la inercia burocrática y la indecisión política. Lo que experimentan no es una emergencia temporal, sino una erosión de la dignidad, que pone en cuestión la reputación del país como defensor de los derechos humanos.
Una crisis de dignidad
El sistema de asilo de los Países Bajos se encuentra ahora al límite de la dignidad: sigue funcionando y continúa sujeto a la ley, pero se mantiene mediante la gestión de crisis y el agotamiento. Es un sistema que cumple sus obligaciones solo sobre el papel, mientras las personas bajo su protección duermen en camas de campaña y esperan durante meses para recibir atención médica básica.
Los Países Bajos cuentan con las leyes, los recursos y la experiencia necesarios para hacerlo mejor. Lo que queda por ver es si existe la determinación para hacerlo.
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