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“Negar el aborto es una forma de discriminación contra las mujeres, porque se les niega un servicio que solo ellas necesitan.” — Genova Tisheva, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
El derecho al aborto es una cuestión fundamental de derechos humanos. Sin embargo, en toda Europa, estos derechos están lejos de estar garantizados. Si bien la gran mayoría de los países de la UE cuentan con leyes y políticas que permiten el acceso a la atención relacionada con el aborto y 20 países han eliminado ciertas restricciones al aborto durante la última década, existen tendencias regresivas que están restringiendo cada vez más este derecho en algunos países, entre ellos Italia, Hungría y Polonia. Polonia y Malta son los únicos países de la UE que no han reformado sus leyes restrictivas. Las barreras de acceso adoptan muchas formas. Los elevados costes, los períodos de espera obligatorios, el estigma social y los marcos jurídicos restrictivos impiden que las personas reciban atención de manera oportuna. Como consecuencia, alrededor de 20 millones de personas en Europa no tienen acceso a servicios de aborto seguro y, cada año, más de 5.000 mujeres europeas se ven obligadas a cruzar las fronteras para obtener atención segura en otro lugar.
Los derechos reproductivos en la UE no están garantizados
Los derechos reproductivos de las mujeres son derechos humanos. Sin embargo, para muchas mujeres europeas estos derechos están gravemente restringidos. Aunque la mayoría de los países de la UE han legalizado el aborto a petición de la mujer, los Estados a menudo siguen sin garantizar que este derecho pueda ejercerse plenamente. En la práctica, todavía existen obstáculos administrativos y normativos que dificultan el acceso al aborto incluso cuando este es legal.
Por ejemplo, en algunos países se permite a los médicos negarse a practicar abortos por motivos de conciencia o religión. Esto suele provocar retrasos o la denegación de atención a las mujeres que buscan acceder a un aborto legal. Además, los médicos que sí practican abortos en este contexto pueden ser víctimas de discriminación y sufrir desventajas laborales directas o indirectas. En Italia, la aplicación inadecuada de la legislación sobre la objeción de conciencia llevó a que, en 2009, el 70 % de los ginecólogos fueran objetores de conciencia. Más recientemente, el país incluso aprobó una ley que permite a las organizaciones contrarias al aborto operar dentro de hospitales públicos.
Los períodos de espera obligatorios constituyen otro ejemplo de obstáculos innecesarios para acceder a la atención relacionada con el aborto. Por ejemplo, en Bélgica, la ley establece que debe respetarse un período de al menos seis días entre la primera consulta y el inicio del tratamiento. Esto genera una ansiedad innecesaria al prolongar una decisión que ya es difícil, limita la capacidad de las mujeres para tomar decisiones de manera autónoma y provoca retrasos médicamente innecesarios.
Estas barreras, combinadas con límites temporales restrictivos para el aborto legal, obligan a menudo a las mujeres a viajar al extranjero para acceder a una atención segura. Esta situación perjudica especialmente a las mujeres vulnerables que disponen de menos recursos para viajar y, al mismo tiempo, aumenta la incidencia de abortos inseguros. En última instancia, esto puede privar a las mujeres a quienes se niega el acceso al aborto en su región de cualquier posibilidad efectiva de ejercer su derecho legal a dichos servicios.
Consecuencias de la criminalización del aborto
En toda Europa estamos asistiendo a nuevos intentos de restringir los derechos relacionados con el aborto y de aumentar las sanciones penales vinculadas a su práctica. En muchos contextos, la criminalización significa que los profesionales de la salud —o cualquier persona que ayude a una mujer a obtener un aborto— pueden enfrentarse a sanciones que van desde multas hasta penas de prisión.
Sin embargo, la criminalización del aborto no reduce ni previene su incidencia. Por el contrario, está asociada con retrasos en la atención necesaria y con un mayor número de procedimientos inseguros. Las leyes restrictivas también fomentan un clima de miedo y estigma que puede perjudicar gravemente la salud y el bienestar de las mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, la falta de acceso a una atención de calidad en materia de aborto puede vulnerar una serie de derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida; el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental; el derecho a beneficiarse del progreso científico; el derecho a decidir libre y responsablemente el número, el espaciamiento y el momento de tener hijos; y el derecho a no ser sometida a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En Polonia, mujeres y niñas han sufrido graves violaciones de los derechos humanos como consecuencia de unas leyes sobre el aborto altamente restrictivas. Según expertos de la ONU en derechos de las mujeres, estas restricciones han contribuido a varias muertes que podrían haberse evitado. Además, Genova Tisheva, vicepresidenta del CEDAW, declaró que la situación en Polonia constituye violencia de género contra las mujeres y podría alcanzar el nivel de tortura o de trato cruel, inhumano o degradante. Aunque el aborto está permitido cuando la vida o la salud de la mujer están en riesgo, o cuando el embarazo es consecuencia de un delito, los médicos siguen mostrándose reacios a practicar abortos debido al temor a enfrentar responsabilidad penal.
Los organismos internacionales de derechos humanos reconocen cada vez más el acceso al aborto seguro como un elemento integral de la salud, la dignidad, la igualdad y la no discriminación. Ante los renovados esfuerzos por debilitar las protecciones en este ámbito, es esencial reafirmar y fortalecer el compromiso con estos derechos fundamentales.
Iniciativa Ciudadana Europea “Mi Voz, Mi Elección”
Como respuesta a las profundas desigualdades en el acceso al aborto en toda la Unión Europea, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos feministas han intensificado sus esfuerzos para convertir el derecho al aborto en una realidad para todas. En el centro de este esfuerzo se encuentra “Mi Voz, Mi Elección”, una coalición de más de 300 organizaciones que puso en marcha una Iniciativa Ciudadana Europea para instar a la UE a crear un mecanismo financiero destinado a apoyar el acceso a servicios de aborto seguro. La propuesta pide a Bruselas que ayude a los Estados miembros que decidan participar voluntariamente a proporcionar estos servicios a las personas que no pueden acceder a ellos en sus países de origen.
Después de reunir más de 1,1 millones de firmas, la iniciativa recibió el apoyo del Comité Económico y Social Europeo del Parlamento Europeo. El 26 de marzo de 2026, la Comisión Europea decidió respaldar la iniciativa. Sin embargo, no creará un nuevo mecanismo de financiación a escala de la UE para ampliar el acceso al aborto. En su lugar, permite a los Estados miembros utilizar el Fondo Social Europeo Plus, de conformidad con sus legislaciones nacionales, para financiar estos servicios. Las organizaciones feministas describen esta decisión como un avance político importante, ya que reconoce el acceso al aborto como una cuestión europea. No obstante, también señalan sus limitaciones: al no existir un mecanismo de financiación específico, la responsabilidad sigue recayendo en gran medida en los gobiernos nacionales, por lo que el acceso continúa variando considerablemente de un país a otro.
Fuentes
Center for Reproductive Rights. (2025). Europe Abortion Laws 2025: Policies, Progress and Challenges. https://reproductiverights.org/wp-content/uploads/2025/10/Europe-Abortion-Laws-2025-1.pdf
Center for Reproductive Rights. (2026, 9 januari). Abortion Laws in Europe 2025 – Center for Reproductive Rights. Center For Reproductive Rights. https://reproductiverights.org/europe-abortion-laws-2025/
De Londras, F., Cleeve, A., Rodriguez, M. I., Farrell, A., Furgalska, M., & Lavelanet, A. (2022). The impact of criminalisation on abortion-related outcomes: a synthesis of legal and health evidence. BMJ Global Health, 7(12), e010409. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-010409
EPF – homepage. (2025, 6 november). EPF. https://www.epfweb.org/
Exporting Abortion | JournalismFund Europe. (2026, 15 januari). Journalismfund Europe. https://www.journalismfund.eu/exporting-abortion
Mandatory waiting period – Luna. (z.d.). https://abortus.be/en/abortion-care/mandatory-waiting-period/
Our movement | My Voice, My Choice. (z.d.). My Voice, My Choice. https://www.myvoice-mychoice.org/our-movement
World Health Organization: WHO. (2025, 8 december). Abortion. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion