ASSEDEL
Marta Becerra, cosecretaria del Comité Directivo sobre la Democracia (CDDEM) del Consejo de Europa, dirigió una sesión de formación en la que presentó el mandato y los trabajos en curso del Comité. Expuso su misión de fortalecer la participación democrática en todos los niveles, promoviendo al mismo tiempo la igualdad, protegiendo las libertades fundamentales, combatiendo la corrupción, garantizando sistemas judiciales eficaces e independientes y fomentando la resiliencia democrática a largo plazo en los Estados miembros.
El CDDEM fue creado tras la Cumbre de Reikiavik, reflejando un renovado compromiso político para situar la democracia en el centro de las prioridades del Consejo de Europa. Para el actual ciclo de dos años, el Comité está estructurado en torno a dos grupos de trabajo específicos. El primero, el Grupo de Trabajo sobre Principios Democráticos (GT-P2), parte del trabajo de su predecesor y se centra en desarrollar parámetros prácticos para la aplicación de los Principios de Reikiavik. El segundo, el Grupo de Trabajo sobre Gobernanza Multinivel (GT-GPN), anteriormente denominado Grupo de Trabajo sobre Participación Civil (GT-CS), se concentra en fortalecer la gobernanza democrática a nivel local, regional, nacional y europeo.
Una de las principales tareas del GT-P2 consiste en desarrollar un marco capaz de reflejar las diversas realidades democráticas existentes en los Estados miembros. La medición de la democracia plantea dos grandes desafíos. En primer lugar, definir la propia democracia requiere ir más allá de las estructuras institucionales para incluir la participación, la igualdad, la no discriminación, la confianza pública y los modelos de gobernanza en evolución. En segundo lugar, el Comité busca diseñar herramientas prácticas que los países puedan utilizar para identificar riesgos y aplicar políticas que refuercen la resiliencia democrática.
El CDDEM coopera estrechamente con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), el Congreso y otros comités intergubernamentales con el fin de garantizar que una perspectiva interseccional de la democracia se integre en todos los niveles de gobernanza, representando de manera transversal las necesidades y aspiraciones de todos los ciudadanos, independientemente de su origen. La 50.ª sesión del Congreso de Poderes Locales y Regionales, celebrada del 31 de marzo al 2 de abril, constituyó una clara expresión del compromiso continuado del Consejo de Europa con el diálogo democrático multinivel.
Acercar a las personas y sus realidades a las instituciones
El debate también puso de relieve la posición particularmente vulnerable de las organizaciones de la sociedad civil en las dinámicas democráticas actuales. Las sociedades europeas se enfrentan a un déficit creciente de confianza en la participación política, mientras los ciudadanos cuestionan cada vez más la eficacia de los canales democráticos tradicionales. Al mismo tiempo, las instituciones públicas, tanto a nivel local como europeo, suelen priorizar respuestas inmediatas u operativas ante el descontento político, implicando a los actores de la sociedad civil únicamente de manera superficial y limitando su capacidad para contribuir de forma significativa a la toma de decisiones democráticas.
Por lo tanto, fortalecer la democracia requiere ir más allá de las consultas simbólicas y avanzar hacia una participación auténtica y sostenida. El Consejo de Europa reconoce a las organizaciones de la sociedad civil por desempeñar un papel democrático fundamental, tanto como garantes como defensoras de los derechos humanos y los valores democráticos. Reforzar su papel no solo contribuye a reconstruir la confianza pública, sino que también aumenta la legitimidad, la inclusión y la resiliencia de las instituciones democráticas.
El trabajo en curso del CDDEM busca abordar este desafío mediante la promoción de modelos de gobernanza participativa que reconozcan a la sociedad civil como un socio fundamental, y no como un actor periférico, en la renovación democrática. Un ejemplo de este enfoque colaborativo es la consulta pública realizada por el antiguo GT-CS durante el verano de 2025 en relación con la Recomendación CM/Rec(2007)14 del Comité de Ministros sobre la condición jurídica de las organizaciones no gubernamentales en Europa. En la consulta participó una amplia variedad de actores de la sociedad civil, incluidas ONG, universidades y otros actores institucionales. El proceso dio lugar a un conjunto de enmiendas finales adoptadas en septiembre de 2025, lo que demuestra el compromiso del Comité con un diálogo democrático participativo e inclusivo.
Las ONG desempeñan un papel crucial como los “ojos y oídos” del Comité, dada su proximidad a los ciudadanos y a las realidades locales. A menudo son las primeras en identificar síntomas emergentes de retroceso democrático, como la disminución de la participación, la exclusión social o la desconfianza hacia las instituciones. Muchas ONG participan en los trabajos del CDDEM como observadoras, una función que debería permitirles señalar activamente las principales cuestiones que afectan a la gobernanza democrática. Esta cooperación no debe ser pasiva: las aportaciones deben proceder de las propias ONG, ya que el Comité depende de la sociedad civil para obtener información oportuna, ideas innovadoras y comentarios prácticos sobre la forma en que se aplican los estándares democráticos sobre el terreno. Solo mediante información procedente de las bases sociales es posible garantizar que las políticas no solo sean sólidas desde el punto de vista teórico, sino también eficaces en la práctica.
Un ámbito fundamental de colaboración en este sentido es la participación de los jóvenes. Las ONG que trabajan con jóvenes contribuyen promoviendo la participación cívica y apoyando iniciativas participativas como los consejos y las asambleas juveniles. De este modo, ayudan a hacer que la democracia sea más inclusiva y a reforzar el impacto futuro general del trabajo del CDDEM.
Los desafíos planteados por el retroceso democrático
No obstante, a diferencia de otros órganos del Consejo de Europa, el Comité no cuenta con mecanismos formales de supervisión y se basa principalmente en proyectos piloto y en el diálogo cooperativo como herramientas de participación y colaboración.
Este enfoque refleja un equilibrio delicado: la ambición de evaluar la democracia mediante un marco integral que abarque más de 200 parámetros de gobernanza debe conciliarse con la necesidad de diseñar un modelo que siga siendo práctico, inclusivo y aceptable para los 46 Estados miembros. La soberanía nacional es siempre un tema complejo de abordar y, especialmente, de equilibrar.
Los Estados suelen estar interesados en formar parte de organismos internacionales e intergubernamentales, pero cuando se trata del concepto de “asuntos internos” —estrechamente vinculado a la soberanía— adoptan una actitud defensiva y se muestran reticentes a rendir cuentas conforme a estándares o prácticas comunes. La noción de asuntos internos, arraigada en el principio de no injerencia, ha servido durante mucho tiempo como escudo frente al escrutinio externo, incluso dentro de marcos institucionales basados en el consenso. Los Estados miembros pueden suscribir formalmente valores democráticos compartidos y, al mismo tiempo, resistirse a cualquier mecanismo que pueda traducir dichos valores en evaluaciones vinculantes de su gobernanza interna. Las particularidades nacionales y los matices culturales se encuentran entre las estrategias defensivas más habituales: se invocan no solo como expresiones legítimas de la diversidad, sino también, con frecuencia, como objeciones estratégicas destinadas a evitar las evaluaciones comparativas.
La reticencia de algunos países a ser evaluados conforme a estándares democráticos europeos comunes es un hecho reconocido y no resulta inesperado. El CDDEM es consciente de estas sensibilidades; por ello, mantener un diálogo abierto se considera esencial para garantizar la continuidad de la participación y un sentido de responsabilidad compartida respecto de los estándares democráticos.
Enriquecer el concepto de democracia en la política contemporánea
Al finalizar la sesión de formación, el mensaje central transmitido por Marta Becerra se centró en la oportunidad de redefinir la democracia mediante la reconstrucción de la confianza en sus instituciones. Este proceso implica aprender y practicar la democracia en profundidad, así como protegerla e innovar en ella.
Las democracias modernas deben ir más allá de la votación periódica para permitir una participación ciudadana continua. Mecanismos como las asambleas ciudadanas, los presupuestos participativos y las consultas comunitarias permiten a las personas influir directamente en la elaboración de políticas públicas, fortaleciendo la legitimidad democrática y fomentando entre los ciudadanos un sentido de pertenencia y corresponsabilidad.
La confianza pública en las instituciones democráticas depende de su apertura y capacidad de respuesta. Por ello, es esencial fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, incluidos los órganos independientes de supervisión, los marcos de lucha contra la corrupción y unos medios de comunicación libres. Las iniciativas de transparencia, como las políticas de datos abiertos, permiten además que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil supervisen eficazmente las actuaciones de los gobiernos.
Las plataformas digitales han transformado la comunicación y la participación políticas, ofreciendo nuevas oportunidades de implicación y movilización, pero planteando al mismo tiempo riesgos como la desinformación y la manipulación. Entre los posibles beneficios de la democracia electrónica se encuentran una mayor transparencia de los procesos políticos, el fomento de la participación cívica en línea y la contribución a una formación más informada de la opinión pública. Por consiguiente, el enriquecimiento democrático requiere marcos regulatorios e iniciativas de alfabetización digital que garanticen que la tecnología apoye los valores democráticos en lugar de socavarlos.
Los desafíos contemporáneos, como el cambio climático, las convulsiones populistas y la renovada atención hacia la migración masiva, aumentan la necesidad de cooperación internacional y de participación en organismos internacionales, pero también plantean interrogantes sobre cómo deben adaptarse las democracias a estos cambios.
Solo mediante la construcción de un enfoque de la democracia sensible a la participación civil, las desigualdades sociales y los derechos y libertades fundamentales será posible generar un verdadero impulso político, mantener un diálogo público sobre la confianza en las instituciones y transformar las consultas en resultados concretos de las políticas públicas.
Sources
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