ASSEDEL
Durante la reciente sesión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), tuvimos la oportunidad de asistir a una sesión de formación sobre la violencia de género impartida por la Sra. Luz Martínez. La sesión se basó en su experiencia como Relatora General sobre la Violencia contra las Mujeres, incluida su reciente misión de observación del proceso electoral en Armenia, y ofreció a los participantes una visión general de los recursos disponibles, así como de los desafíos que aún persisten en la protección de las mujeres en toda Europa.
La Sra. Martínez destacó que la violencia de género es una forma de violencia estructural que afecta de manera desproporcionada a las mujeres simplemente por ser mujeres. Aunque a menudo se utiliza como arma política en situaciones de conflicto armado, también constituye una grave amenaza para la democracia y los derechos humanos en sociedades que, por lo demás, pueden parecer pacíficas. Arraigada en desigualdades históricas de larga duración, esta forma sutil pero persistente de dominación debe entenderse no solo como una violación de los derechos humanos, sino también como un importante problema de salud pública.
Aunque las normas patriarcales y sexistas siguen siendo una característica común en las sociedades, las definiciones jurídicas de la violencia de género y de la agresión sexual varían considerablemente entre los Estados miembros del Consejo de Europa. La sesión puso de relieve que la seguridad, las libertades y las protecciones garantizadas por un Estado siguen siendo diferentes en función del género. Estas incoherencias generan importantes lagunas en la protección jurídica y la rendición de cuentas, lo que dificulta garantizar la igualdad de derechos y un acceso efectivo a la justicia para las supervivientes.
También se recordó a los participantes que el género no opera de forma aislada. Otras características (incluidas la orientación sexual, la religión, la etnia, la discapacidad, el estatus migratorio y el lugar de nacimiento) pueden intersectarse y generar múltiples formas de discriminación. Estas desigualdades superpuestas configuran las experiencias de violencia y la autonomía corporal de las personas de diferentes maneras, lo que subraya la importancia de adoptar un enfoque interseccional al desarrollar políticas y mecanismos de apoyo.
Abordar la violencia de género requiere actuar en todos los niveles de la sociedad. La prevención, la detección y la respuesta abarcan desde los sistemas educativos y los lugares de trabajo hasta los hogares, los servicios de salud y los tribunales de justicia. Lograr avances significativos exige compromiso político, recursos adecuados y una cooperación sostenida entre las instituciones públicas y la sociedad civil.
Se prestó especial atención a la creciente influencia de las redes sociales, donde poderosos intereses económicos y políticos compiten por influir en la opinión pública. En este contexto, la Sra. Martínez hizo referencia a la investigación de Neil Datta, que documenta cómo redes transnacionales bien financiadas han apoyado campañas destinadas a revertir décadas de avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en toda Europa. Estos acontecimientos demuestran que la lucha por la igualdad de género se extiende cada vez más al ámbito digital.
El debate también puso de relieve varios desafíos urgentes. En 2022, alrededor de la mitad de todas las mujeres asesinadas intencionadamente en todo el mundo fueron asesinadas por sus parejas íntimas u otros familiares, sin embargo, actualmente menos de diez Estados miembros del Consejo de Europa cuentan con una definición jurídica específica del feminicidio. Los participantes destacaron la importancia de establecer normas comunes para reconocer el feminicidio, mejorar la recopilación de datos y garantizar una mayor rendición de cuentas, al tiempo que se refuerzan la protección y el apoyo a las víctimas y supervivientes.
El Convenio de Estambul sigue siendo el marco jurídico más completo del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Entre las prioridades actuales se incluyen
promover definiciones de violación basadas en el consentimiento, avanzar hacia una comprensión común del feminicidio y reforzar la educación sexual integral como herramienta de prevención e igualdad.
Por último, la formación hizo hincapié en que lograr un cambio duradero requiere la participación activa de hombres y niños. La educación, la cultura y el discurso público desempeñan un papel central en el cuestionamiento de los estereotipos perjudiciales y en la creación de narrativas basadas en la igualdad, el respeto y la responsabilidad compartida.
