ASSEDEL
La promulgación del proyecto de ley de seguridad italiano (Decreto Sicurezza), formalizada mediante el Decreto-Ley n.º 48, de 11 de abril de 2025, y posteriormente convertida en la Ley n.º 80, de 9 de junio de 2025, representa una coyuntura crítica en la interrelación entre la seguridad pública, la política criminal y las libertades fundamentales. Presentada por el gobierno como una respuesta necesaria ante la creciente preocupación por el orden público y la integridad institucional, la ley introduce cambios de gran alcance en el código penal y en las facultades administrativas. Estas medidas, si bien se presentan bajo el pretexto de mejorar la seguridad y la eficiencia, han desencadenado un importante debate en el ámbito jurídico, en la sociedad civil y en las instituciones internacionales de derechos humanos con respecto a su compatibilidad con las garantías constitucionales y las normas europeas de derechos humanos.
Este documento de análisis político (policy paper) pretende examinar el proyecto de ley de seguridad a la luz del marco constitucional de Italia y de sus obligaciones en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se presta especial atención a los principios de legalidad, proporcionalidad y control judicial, así como a las implicaciones más amplias para la participación democrática y el derecho a la disidencia. A través de un examen crítico de la jurisprudencia nacional, informes oficiales y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este análisis pone de relieve los riesgos sistémicos que plantea el recurso cada vez mayor a los instrumentos penales y a la legislación de emergencia en la gestión del conflicto social y político.
Al contextualizar estos acontecimientos dentro de las tendencias europeas más amplias, este documento busca contribuir a un diálogo informado sobre el equilibrio entre los imperativos de seguridad y los derechos fundamentales, subrayando la urgente necesidad de vigilancia para preservar las normas democráticas frente a la deriva securitaria.
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