ASSEDEL
La Unión Europea ha intensificado recientemente sus esfuerzos para hacer frente a la instrumentalización de los migrantes por parte de Bielorrusia y Rusia. Según las autoridades europeas, estos países están utilizando a las personas en movimiento como una especie de «arma política» para desestabilizar a los países de Europa Oriental y socavar la cohesión de la Unión Europea. Las tensiones en las fronteras de la UE, especialmente en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, han aumentado considerablemente, y las llegadas irregulares en 2024 se incrementaron un 66 % en comparación con el año anterior. Alrededor del 90 % de los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Polonia y Bielorrusia poseen un visado ruso de estudiante o de turista, lo que pone aún más de relieve la implicación de Rusia en la crisis migratoria.
Bielorrusia, bajo el liderazgo del presidente Lukashenko, y Rusia, dirigida por Vladímir Putin, son acusadas de orquestar esta crisis facilitando los flujos migratorios hacia la UE con el objetivo de utilizar a los migrantes como herramienta de presión geopolítica. En respuesta, la Comisión Europea ha adoptado una serie de medidas, entre ellas un paquete de financiación de 170 millones de euros anunciado el 11 de diciembre para reforzar la vigilancia electrónica y las capacidades de defensa de los países más afectados, como Polonia, Finlandia y Lituania. Estos fondos están destinados a mejorar los equipos de vigilancia, las redes de telecomunicaciones y la movilidad de las patrullas fronterizas con el fin de proteger la integridad territorial de la Unión y detener el uso de la migración como «arma» por parte de regímenes autoritarios.
Sin embargo, estas medidas plantean importantes cuestiones en materia de derechos humanos, ya que, aunque la UE reconoce la necesidad de proteger sus fronteras, también debe garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales de las personas implicadas en esta crisis. No obstante, Bruselas ha establecido las condiciones para la adopción de estas medidas, reconociendo que podrían interferir gravemente con los derechos fundamentales, aunque la Comisión ha señalado que dichas medidas deben ser «proporcionadas, limitadas a lo estrictamente necesario en casos claramente definidos y temporales».
Novak, C. (2024, May 20). Is the Pact on Migration Too Little, Too Late? tovima.com. https://www.tovima.com/politics/is-the-pact-on-migration-too-little-too-late/#google\_vignette
El derecho de asilo, un principio fundamental de la Unión Europea, también está siendo cuestionado por las políticas de devolución en caliente aplicadas por países como Polonia, que ha suspendido temporalmente el derecho de asilo para hacer frente a lo que define como «desestabilización híbrida». Las denuncias de devoluciones ilegales y violentas por parte de las fuerzas del orden polacas, documentadas por Human Rights Watch, describen cómo los migrantes son obligados a regresar a Bielorrusia, donde corren el riesgo de sufrir abusos por parte de las autoridades locales. Los testimonios hablan de tortura, humillación, robos y violencia física, en un contexto más amplio de violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
En este contexto, las verdaderas víctimas son los migrantes, instrumentalizados por potencias extranjeras y atrapados en una guerra híbrida en la que son tratados como peones. Si bien la UE ha adoptado medidas financieras para reforzar la seguridad fronteriza, es fundamental que toda intervención respete los derechos fundamentales y no dé lugar a violaciones de los derechos humanos. Como ha declarado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Europa debe proteger sus valores fundamentales y garantizar que las autocracias no puedan utilizarlos contra la Unión.
La cuestión central sigue siendo que, aunque la Unión Europea está llamada a defender sus fronteras y su seguridad, no debe olvidar que las personas implicadas en esta crisis no son enemigos, sino víctimas de una situación más amplia que escapa a su control. Toda intervención en materia de seguridad debe tener también en cuenta el respeto de los derechos fundamentales, especialmente el derecho de asilo, y garantizar que no se perpetúen injusticias contra quienes ya han huido de conflictos y represión.