ASSEDEL
El 22 de mayo, ASSEDEL tuvo el placer de ser acogida en el Palais de l’Europe de Estrasburgo para una sesión especial de formación centrada en el Congreso de Poderes Locales y Regionales, una de las seis instituciones clave del Consejo de Europa.
La sesión comenzó repasando las raíces históricas del Congreso. Tras la Segunda Guerra Mundial, durante la reconstrucción democrática de Europa, el entonces primer ministro francés enfatizó la importancia de dar voz a las autoridades locales en la configuración del futuro. Advirtió que una centralización excesiva del poder podría conducir al autoritarismo y subrayó la necesidad de que los gobiernos locales fueran incluidos en las decisiones clave, particularmente en la asignación de recursos financieros y públicos.
Este pensamiento dio lugar al surgimiento del "movimiento de alcaldes" (mouvement des maires), impulsado por Jacques Chaban-Delmas, orientativo de la descentralización como pilar de la resiliencia democrática. Como resultado, en 1954, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) estableció la Conferencia de Poderes Locales y Regionales de Europa, que posteriormente evolucionó hasta convertirse en el actual Congreso de Poderes Locales y Regionales en 1994.
El Congreso se estructura como una asamblea bicameral, integrada por:
– La Cámara de Poderes Locales, que representa a los alcaldes y concejales municipales, centrada en la gobernanza local, el desarrollo urbano y los servicios públicos.
– La Cámara de las Regiones, compuesta por representantes electos de entidades regionales, que aborda la gobernanza territorial más amplia, el desarrollo regional y la cooperación interregional.
Ambas cámaras representan a los 46 Estados miembros del Consejo de Europa y trabajan conjuntamente en sesiones plenarias para adoptar recomendaciones, resoluciones e informes que influyen en las prácticas democráticas a nivel local y regional.
Un punto crucial en la labor del Congreso es la Carta Europea de Autonomía Local, adoptada en 1985 y ratificada por todos los Estados miembros. Este tratado jurídicamente vinculante garantiza la autonomía y la independencia de las autoridades locales, asegurando que tengan el derecho y la capacidad de regular y gestionar una parte de los asuntos públicos bajo su propia responsabilidad. La Carta establece principios tales como:
– Elecciones locales libres y justas,
– Recursos financieros adecuados para municipios y regiones,
– Protección jurídica de la autonomía local,
– Clara distribución de competencias entre los niveles nacional y local.
El Congreso es responsable de supervisar el cumplimiento de esta Carta, emitiendo informes periódicos de seguimiento y recomendaciones a los Estados miembros para mejorar los estándares de la democracia local.
Turno de preguntas (Question Time)
Dado que Europa está formada por países con tradiciones de descentralización muy diversas —como el federalismo alemán, el regionalismo italiano y el sistema históricamente centralizado de Francia—, ¿cómo logra el Congreso gestionar estas diferencias constitucionales?
La respuesta destacó un valor fundamental del Consejo de Europa:
«Europa se fundamenta en el principio de que nuestra diversidad es nuestra fuerza».
El Congreso no pretende imponer un modelo uniforme de gobernanza local. En su lugar, respeta las tradiciones constitucionales y administrativas de cada país, siempre que salvaguarden los valores democráticos. La Carta Europea de Autonomía Local ofrece un marco flexible que permite a cada Estado adaptar sus principios a su propio contexto. El objetivo clave es garantizar una autonomía local efectiva, independientemente del modelo estructural vigente.
¿Cómo pueden las ONG contribuir a la labor del Congreso, especialmente en lo que respecta al apoyo del proceso de aplicación?
El Congreso promueve activamente la colaboración entre las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil, reconociendo a las ONG como actores vitales para fomentar la cultura democrática y la rendición de cuentas. Aunque las ONG no participan directamente en la estructura institucional del Congreso, pueden colaborar e influir en su labor mediante alianzas con los municipios, el apoyo a iniciativas locales y la contribución a la concienciación ciudadana. En términos de aplicación, el Congreso no desempeña un papel punitivo o sancionador, sino educativo y preventivo. En lugar de limitarse a condenar las violaciones, busca concienciar a los gobiernos locales, ayudándolos a comprender y cumplir sus responsabilidades democráticas. Proporciona herramientas, informes y buenas prácticas (good practices) para capacitar a los municipios en la prevención de violaciones de derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia local.
¿Cómo aborda el Congreso las disparidades financieras entre municipios, que podrían amenazar la eficacia de la descentralización?
La desigualdad financiera entre municipios es, en efecto, una cuestión crítica, ya que puede menoscabar la capacidad de las autoridades locales para prestar servicios y ejercer sus competencias con eficacia. El Congreso respalda el principio de perecuación financiera (o equiparación financiera), que se refiere a los mecanismos —a menudo financiados por los gobiernos nacionales— que redistribuyen los recursos financieros para garantizar que todos los municipios dispongan de una capacidad básica de funcionamiento, independientemente de su riqueza local. Además, el Congreso fomenta la cooperación intermunicipal, mediante la cual municipios vecinos unen fuerzas para gestionar recursos, prestar servicios o ejecutar proyectos de infraestructura de forma más eficiente. Este enfoque cooperativo permite a los municipios más pequeños o menos prósperos beneficiarse de economías de escala, compartir capacidades administrativas y mejorar la prestación de servicios, reforzando así la resiliencia general del sistema de gobernanza local.
Agradecemos especialmente a la Sra. Ivana D’Alessandro, Jefa del Departamento de Derechos Humanos, y al Sr. Dmitri Marchenkov, Jefe del Departamento de Comunicación, por facilitar esta sesión tan enriquecedora e informativa. Sus aportaciones pusieron de relieve la conexión vital entre la sociedad civil y las instituciones democráticas, así como el papel de la gobernanza participativa en la salvaguardia de los derechos humanos.
Esta formación ha reforzado nuestro compromiso con el fortalecimiento de la participación ciudadana, la autonomía local y los principios más amplios de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en toda Europa.