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En los últimos años, el debate público sobre la alimentación se ha centrado principalmente en la agricultura, el aumento de los precios y la sostenibilidad. Sin embargo, abordar la alimentación desde una perspectiva estrictamente económica supone ignorar una realidad fundamental. En una entrevista exclusiva, nuestra asociación conversó con la eurodiputada (MEP) Cristina Guarda para analizar por qué la seguridad alimentaria debe reconocerse como un derecho humano fundamental, los desafíos a los que se enfrenta la política de la Unión Europea y la estrecha relación entre la protección del medio ambiente y nuestra alimentación.
Alimentación: un derecho humano, no una mercancía
La eurodiputada Cristina Guarda subraya que los alimentos no son una mercancía, sino un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas y otras importantes instituciones. Considerar la alimentación exclusivamente desde una perspectiva de mercado supone ignorar su dimensión jurídica y moral.
«Mientras los alimentos sean tratados como una mercancía, la lógica del mercado decidirá quién puede alimentarse bien y quién no», afirmó Guarda. Señaló una realidad preocupante: desde 2019, el coste de una alimentación saludable ha aumentado un 35 %, mientras que los salarios se han mantenido estancados.
Para hacer frente a esta situación, Guarda defiende la creación de un marco europeo integral que establezca las condiciones de financiación de la Política Agrícola Común (PAC) y de los acuerdos comerciales en función del acceso real a alimentos saludables, en lugar de centrarse exclusivamente en las necesidades de producción y exportación.
Empoderar a los ciudadanos: la iniciativa «Good Food for All»
Actualmente, la Unión Europea no cuenta con un marco legislativo específico sobre el derecho a la alimentación. Para abordar esta carencia, la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) «Good Food for All» permite a los ciudadanos definir directamente las prioridades de la agenda de la UE.
Si tiene éxito, esta iniciativa podría aportar beneficios concretos a distintos sectores de la sociedad:
Para los ciudadanos: garantizaría el acceso a alimentos saludables independientemente del nivel de ingresos, allanando el camino para mecanismos como programas de acceso garantizado y sistemas de compra pública de alimentos de alta calidad en escuelas y hospitales, con el fin de proteger a las poblaciones más vulnerables.
Para los agricultores: establecería precios justos y estables vinculados directamente a los costes de producción. Esto protegería a los agricultores frente a la presión de los márgenes del comercio minorista y a la volatilidad de los mercados mundiales.
En última instancia, esta iniciativa logra unir las reivindicaciones y luchas tanto de los agricultores como de los consumidores.
Obstáculos en la Unión Europea
Convertir el derecho a la alimentación en una prioridad política concreta no está exento de importantes desafíos. La eurodiputada Cristina Guarda señaló tres grandes obstáculos dentro de la UE:
1.El lobby agroalimentario: Avanzar hacia un marco basado en el derecho a la alimentación podría reducir los márgenes del poderoso lobby agroalimentario, lo que dificulta priorizar el bien común y el interés público por encima de los intereses privados.
2.La fragmentación institucional: Actualmente, las políticas de salud, agricultura, comercio y asuntos sociales se abordan por separado. La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) insta a la UE a analizar sus estrategias de manera coherente y conjunta en todos estos ámbitos.
3.El discurso de «competitividad frente a derechos»: Un discurso engañoso que enfrenta la competitividad con los derechos se utiliza con frecuencia para justificar acuerdos como Mercosur o el paquete de simplificación Omnibus. Este enfoque termina trasladando los costes sociales y medioambientales al futuro, afectando especialmente a las personas más vulnerables y a los pequeños productores.
Contaminación por PFAS y medio ambiente
A partir de su experiencia personal en una zona gravemente contaminada por PFAS, Guarda establece una clara relación entre el derecho a la alimentación y la protección del medio ambiente. Señala que los agricultores se encuentran entre los grupos de población más expuestos a la contaminación.
«No podemos producir buenos alimentos con suelos y agua contaminados», explicó, calificando la situación de profundamente injusta para las generaciones futuras. Dado que las sustancias químicas PFAS son extremadamente persistentes y no desaparecen simplemente, luchar por el derecho a la alimentación implica también luchar por unos suelos y unas aguas libres de contaminación.
Proteger el medio ambiente es fundamental no solo para garantizar una producción segura de alimentos en la actualidad, sino también para proteger la salud de los ciudadanos, los consumidores y los agricultores durante las generaciones venideras.
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