ASSEDEL
El 2 de septiembre de 2024, comenzó ante el Tribunal Penal de Vaucluse, en Francia, el juicio por las violaciones de Mazán, con una duración prevista de cuatro meses y medio. Durante más de diez años, Dominique Pélicot reclutó a decenas de hombres a través de un sitio de citas conocido por ser un refugio para agresores sexuales, con el fin de que abusaran y violaran a su exmujer, Gisèle Pélicot. En el momento de los hechos, Gisèle se encontraba inconsciente y sedada con ansiolíticos.
Durante esos diez años, sufrió pérdidas de memoria y dolores ginecológicos, lo que la llevó a consultar a varios profesionales de la salud sin que ninguno sospechara de la sumisión química que estaba padeciendo. Sus síntomas preocupaban enormemente a su familia y amigos, quienes pensaban que padecía una enfermedad grave.
No fue hasta 2020 cuando Gisèle Pélicot descubrió los horribles hechos.
La madre de tres hijos se había mudado al pueblo provenzal con su marido Dominique, un jubilado del sector eléctrico, desde Villiers-sur-Marne, cerca de París, en 2013.
El 2 de noviembre de ese mismo año, acudió a la comisaría para acompañar a su exmarido, acusado de haber grabado bajo la falda de tres mujeres en un centro comercial dos meses antes. Fue en ese momento cuando descubrió con horror más de 20.000 fotos y vídeos de ella desnuda e inconsciente, en algunos de los cuales se mostraban violaciones y actos de barbarie. Este material, hallado por la policía en los dispositivos de quien consideraba un hombre respetable, constituye la prueba principal en el juicio y de la sumisión química sufrida.
Aunque la policía ha identificado a 72 hombres que abusaron y violaron a Gisèle Pélicot entre julio de 2011 y octubre de 2020, resulta difícil estimar el número exacto de delitos que sufrió. Cuando se revelaron los hechos, su hija Caroline Darian, fundadora de la asociación M’endors pas (una organización que lucha contra la sumisión química), así como sus nueras, descubrieron también que habían sido víctimas de los abusos de su padre y suegro tras encontrar fotos suyas desnudas tomadas sin su consentimiento.
Este caso, en el que Gisèle Pélicot rechazó un juicio a puerta cerrada para garantizar que «la vergüenza cambie de bando», pone de manifiesto una alarmante realidad sobre la sociedad patriarcal y nos obliga a reconocer la magnitud del fenómeno de la sumisión química, consistente en administrar sustancias psicoactivas a la víctima para cometer un delito, la mayoría de las veces de carácter sexual.
Caroline Darian, hija de Gisèle Pélicot, a su llegada al tribunal.
Este juicio, calificado de «extraordinario» por numerosos medios de comunicación, cuenta con 51 acusados, la mayoría juzgados por «violación agravada», entre ellos el exmarido de la víctima, quien orquestó una década de abusos y violaciones hacia la mujer con la que convivió durante más de 50 años.
Los perfiles de los acusados son diversos: con edades comprendidas entre los 26 y los 74 años, algunos son padres de familia, mientras que otros ejercen profesiones al servicio de la sociedad civil, como militares, bomberos o expolicías… En otras palabras, personas corrientes.
Así, este juicio por «sumisión química», como lo han denominado los medios, también expone la normalización de la violencia sexual y la cultura de la violación presentes en nuestra sociedad.
LA SUMISIÓN QUÍMICA: UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
Un fenómeno poco conocido y subestimado en Francia, la sumisión química no se limita a los entornos de ocio nocturno, donde se han denunciado numerosos casos de administración forzada de GHB, también conocido como la «droga de los violadores». Las víctimas son en su mayoría adultas y mujeres (82 % de los casos), pero las investigaciones también registran casos de niños y hombres afectados.
En la mayoría de los casos notificados, la sumisión química proviene del entorno cercano a la víctima, utilizando medicamentos como somníferos, ansiolíticos, sedantes o antihistamínicos. Cada año, el propio hogar se sitúa como el lugar donde se producen la mayor cantidad de agresiones.
Este es el caso del asunto Mazán.
En 2021, la Agencia Nacional para la Seguridad de Medicamentos (ANSM) registró 727 notificaciones de sumisión química en su encuesta anual sobre el fenómeno. Entre estas notificaciones, el 56 % involucraba medicamentos psicoactivos, mientras que el resto correspondía a sustancias no medicinales.
Esto desmiente la creencia errónea de que el GHB es la única «droga de los violadores».
El 86,4 % de las notificaciones se realizaron tras la presentación de denuncias, lo que permitió a las víctimas acceder a análisis toxicológicos válidos como prueba en el marco de una investigación judicial. Con movimientos recientes como #BalanceTonBar y #MeTooGHB, que simbolizan la liberación de la palabra, se ha producido un aumento significativo en las denuncias relacionadas con la sumisión química. En 2022, se registró un incremento del 69 % en los informes, alcanzando a 1.229 personas. Sin embargo, el limitado margen de tiempo en el que se pueden detectar las sustancias psicoactivas (pocas horas en sangre y pocos días en orina) dificulta estimar el número real de víctimas.
Otro problema señalado por la farmacéutica del Centro de Adictovigilancia de París, Leïla Chaouachi, en su entrevista para Le Point, es la falta de concienciación sobre este problema de salud pública entre los profesionales médicos.
Gisèle P. (centro) habla con uno de sus abogados, flanqueada por su hija y sus dos hijos © Christophe SIMON / AFP
FALTA DE FORMACIÓN MÉDICA PARA PREVENIR LA SUMISIÓN QUÍMICA
Leïla Chaouachi, que ya ha impartido varios talleres de prevención sobre la materia, sugiere la formación continua del personal sanitario sobre cómo actuar ante los pacientes afectados, así como abordar con frecuencia temas de índole sexual con los enfermos para prevenir este fenómeno.
Además, un estudio de 2010 de la Academia Nacional de Medicina ya puso de manifiesto la falta absoluta de enseñanza sobre la sumisión química en los estudios de medicina, lo que lleva a los médicos a cometer errores diagnósticos.
El estudio enumera algunos síntomas sospechosos de sumisión química: signos de agresión física, alteraciones neuropsicológicas que podrían deberse a amnesias causadas por la administración de sustancias psicoactivas, o agitación psicomotriz vinculada al estrés o la ansiedad.
El estudio también advierte sobre la diversidad de sustancias consideradas «ideales» para la sumisión química y la facilidad para obtener algunos de los medicamentos utilizados.
LA SUMISIÓN QUÍMICA: UN REFLEJO DE LA CULTURA DE LA VIOLACIÓN
La falta de prevención y concienciación en torno a la sumisión química, la invisibilidad de las víctimas, la impunidad de los agresores derivada de ello y el control sobre el cuerpo de la víctima (generalmente mujer) son razones que demuestran que la sumisión química es una forma de violencia minimizada o incluso invisibilizada.
Esta minimización del fenómeno está estrechamente ligada a la cultura de la violación, un concepto sociológico utilizado para describir un conjunto de comportamientos que normalizan, excusan y justifican la violencia sexual.
Considerada un arma de violación, la sumisión química también revela la cosificación del cuerpo femenino, un aspecto central de la cultura de la violación en el que los agresores ignoran el consentimiento de la víctima, considerándola disponible únicamente para los deseos sexuales masculinos.
En el caso Mazán, este concepto está claramente presente. De hecho, la defensa de algunos acusados se basa en el «consentimiento por delegación», argumentando que la presencia del marido durante las violaciones cometidas a Gisèle Pélicot implicaba consentimiento. Otros alegan «violación involuntaria», afirmando que no tenían intención de cometer una violación cuando acudieron al domicilio de los Pélicot y que, por tanto, no cometieron el delito.
Sin embargo, el principal acusado, Dominique Pélicot, impuso normas estrictas a los hombres que acudían a la vivienda: aparcar en un lugar concreto alejado de la casa, desvestirse en la cocina, calentarse las manos en el radiador... Medidas todas ellas destinadas a evitar despertar a la víctima.
Aun así, la defensa de la «violación involuntaria» pone de relieve la controversia en la definición de violación según el artículo 222-23 del Código Penal francés, que presupone el consentimiento y no establece explícitamente que la ausencia del mismo constituya el delito, según la doctora en derecho Catherine Le Magueresse.
Recientemente se han celebrado debates parlamentarios sobre la inclusión del concepto de consentimiento en el artículo del Código Penal relativo a la violación. En abril de 2024, Francia rechazó la propuesta de la Comisión Europea de una definición común de violación basada en el principio único de que «solo sí es sí».
UNA MOVILIZACIÓN SIN PRECEDENTES
Gisèle Pélicot
El sábado 14 de septiembre de 2024, se celebraron concentraciones en toda Francia en las que miles de personas se manifestaron en apoyo a Gisèle Pélicot y a otras víctimas de violación. El lema «Todas somos Gisèle» cobró gran relevancia en los medios y en las redes sociales.
El martes 17 de septiembre de 2024, al finalizar la vista, Gisèle Pélicot fue aplaudida por decenas de personas tras la primera declaración de su exmarido, quien admitió los hechos. Esta cercanía sin precedentes entre la sociedad civil y la víctima de este juicio histórico muestra las potenciales consecuencias que este proceso podría tener desde el punto de vista legal.
De hecho, este juicio público podría impulsar cambios en la definición de «violación» recogida en el artículo 222-23 del Código Penal.
ASSEDEL expresa su pleno apoyo a Gisèle Pélicot, a su familia y a todas las víctimas de violencia sexual y sumisión química.
ASSEDEL solicita que la noción de consentimiento se integre en el artículo 222-23 del Código Penal francés.
ASSEDEL propone la inclusión de estudios sobre el fenómeno de la sumisión química en el plan de estudios de Medicina para reforzar la formación y concienciación de los profesionales sanitarios y mejorar la prevención.
ASSEDEL requiere que los análisis toxicológicos sean admisibles como prueba en las investigaciones judiciales, aun cuando no se hayan realizado bajo requerimiento judicial.