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En los últimos años, la democracia en Europa ha entrado en un período de creciente incertidumbre. Lo que antes se percibía como un modelo relativamente estable y consolidado se ve ahora cada vez más cuestionado por una combinación de presiones internas y externas. La disminución de la confianza pública, la polarización política, la fragilidad institucional y la rápida transformación del entorno informativo han contribuido a la percepción de que los sistemas democráticos ya no funcionan con la misma eficacia que antes. Es en este contexto en el que el Consejo de Europa ha puesto en marcha su iniciativa para un Nuevo Pacto Democrático para Europa, un esfuerzo destinado no solo a defender la democracia, sino también a renovarla y replantearla.
Los orígenes de este Pacto se encuentran en un reconocimiento cada vez mayor de que Europa se enfrenta a una convergencia de crisis que afectan directamente a la gobernanza democrática. El informe de 2025 del Secretario General señala serias preocupaciones: los ciudadanos de todo el continente están cada vez más desilusionados, se sienten excluidos de los procesos de toma de decisiones y muestran una creciente incertidumbre respecto al futuro. Al mismo tiempo, el contexto geopolítico general se ha vuelto más inestable, marcado por guerras, cambios en las alianzas y un retroceso de la cooperación multilateral.
Estas dinámicas se ven agravadas por el cambio tecnológico, la propagación de la desinformación y la erosión de las normas compartidas. En conjunto, crean lo que se ha descrito como una “tormenta perfecta” para la democracia, en la que las debilidades institucionales y las tensiones sociales se refuerzan mutuamente. Como sostiene el Secretario General: “No podemos afrontar los desafíos de hoy con las herramientas de ayer. Y nunca debemos olvidar que la democracia es nuestra primera línea de defensa. Lo que Europa necesita es un reinicio: un Nuevo Pacto Democrático para Europa”.
Este diagnóstico no es completamente nuevo. Incluso antes de la actual ola de crisis, ya se habían planteado preocupaciones sobre un declive gradual de los estándares y las prácticas democráticas en toda Europa. La idea de que las instituciones democráticas y el entorno democrático más amplio se encuentran en un “declive que se refuerza mutuamente” refleja especialmente bien esta dinámica. Cuando disminuye la confianza en las instituciones, la participación tiende a reducirse y, cuando la participación se debilita, las propias instituciones se vuelven más vulnerables. Romper este ciclo es una de las principales ambiciones del Nuevo Pacto Democrático. En lugar de centrarse únicamente en la reforma institucional, el Pacto se basa en una concepción más amplia de la democracia. Se inspira en los Principios de Reykjavík para la Democracia, que subrayan que la democracia es mucho más que un conjunto de procedimientos o estructuras y que también constituye una cultura que debe practicarse, protegerse y adaptarse continuamente.
Un punto de inflexión político clave para esta iniciativa fue la Cuarta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa, celebrada en Reykjavík en 2023. La Cumbre supuso un renovado compromiso de alto nivel por parte de los Estados miembros para situar la democracia en el centro de la agenda de la organización, reconociendo explícitamente los riesgos del retroceso democrático y la necesidad de una respuesta más coordinada. La Declaración de Reykjavík estableció un marco estratégico para “garantizar y fortalecer la democracia y la buena gobernanza a todos los niveles”, al tiempo que reafirmó la interdependencia entre democracia, derechos humanos y Estado de derecho.
Es importante destacar que la Cumbre, además de producir declaraciones políticas, dio lugar a avances institucionales y políticos concretos. Condujo a una reestructuración del trabajo del Consejo de Europa en materia de democracia, incluida la creación del Comité Directivo sobre Democracia (CDDEM), encargado de impulsar la aplicación de las medidas y apoyar la cooperación entre los Estados miembros. Al mismo tiempo, los Principios de Reykjavík para la Democracia fueron concebidos como un marco de referencia práctico.
En este sentido, la Cumbre de Reykjavík puede considerarse como el punto de partida de las bases políticas y conceptuales del Nuevo Pacto Democrático para Europa. La Cumbre consolidó un diagnóstico compartido: las instituciones democráticas y el entorno democrático de Europa se encuentran en un “declive que se refuerza mutuamente”, al tiempo que estableció una agenda orientada al futuro y centrada en la participación, la resiliencia y la innovación democrática.
La variedad de cuestiones abordadas por el Pacto refleja la complejidad de los desafíos existentes. Las libertades fundamentales siguen siendo una preocupación importante. La libertad de expresión, de reunión y de asociación son esenciales para la vida democrática, pero en muchas partes de Europa están cada vez más sometidas a presión. Los periodistas se enfrentan a amenazas y acoso, la independencia de los medios de comunicación se ve afectada por presiones políticas y económicas, y las organizaciones de la sociedad civil encuentran obstáculos jurídicos y administrativos cada vez mayores. Al mismo tiempo, la desinformación y la manipulación en línea han transformado el entorno informativo, dificultando que los ciudadanos accedan a información fiable y participen en debates fundamentados.
Más allá de estos ámbitos tradicionales, el Pacto también pone un fuerte énfasis en el funcionamiento de las instituciones democráticas y en la necesidad de recuperar la confianza en ellas. Los procesos electorales, las estructuras de gobernanza y la independencia judicial se consideran componentes fundamentales de lo que el Consejo de Europa denomina “seguridad democrática”. Sin confianza en estas instituciones, los sistemas democráticos no pueden funcionar eficazmente y la estabilidad general se ve amenazada. Por tanto, recuperar esta confianza no es simplemente una tarea técnica, sino también política y social, que requiere una mayor transparencia, rendición de cuentas y capacidad de respuesta.
La participación constituye otra dimensión clave. Una de las características más llamativas de las democracias europeas contemporáneas es la brecha existente entre las estructuras políticas formales y la participación ciudadana. Aunque existen oportunidades de participación, muchas personas, especialmente los jóvenes y los grupos marginados, se sienten desconectadas de los procesos políticos tradicionales. Esto no refleja necesariamente apatía, sino más bien un cambio en la forma en que se expresa la participación política. El desafío, por tanto, consiste en aumentar la participación y, al mismo tiempo, garantizar que los sistemas democráticos respondan mejor a las distintas formas en que las personas participan en la vida pública.
Al mismo tiempo, el Pacto reconoce que la democracia no puede entenderse de forma aislada de las condiciones sociales y económicas más amplias. Cuestiones como la desigualdad, la discriminación y la exclusión social tienen un impacto directo en la vida democrática, ya que determinan quién participa, qué voces son escuchadas y cómo se toman las decisiones. Garantizar que la democracia aporte beneficios tangibles a la vida cotidiana de las personas se considera esencial para recuperar su legitimidad y resiliencia.
El proceso mediante el cual se está desarrollando el Nuevo Pacto Democrático refleja estas ambiciones. En lugar de imponer un conjunto fijo de normas, el Consejo de Europa ha optado por un enfoque abierto e iterativo. La primera etapa, de 2024 a 2026, incluye amplias consultas que reúnen a gobiernos, sociedad civil, expertos y ciudadanos con el objetivo de identificar los principales desafíos y prioridades.
A partir de esta base, el proceso avanza hacia el desarrollo de políticas y recomendaciones concretas. Estas pueden incluir directrices para mejorar la participación, marcos de apoyo a la sociedad civil y medidas destinadas a fortalecer la gobernanza democrática. Sin embargo, el énfasis no está en una aplicación impuesta de arriba hacia abajo. En su lugar, el Pacto promueve la cooperación, el intercambio de buenas prácticas y los compromisos voluntarios de los Estados miembros. Esto refleja tanto la diversidad de los sistemas democráticos existentes en Europa como la convicción de que una reforma sostenible debe estar arraigada en los contextos nacionales.
En última instancia, el Nuevo Pacto Democrático para Europa puede considerarse tanto una respuesta a la crisis como una oportunidad de renovación. Reconoce la gravedad de los desafíos a los que se enfrentan las democracias europeas, pero también reafirma que estos desafíos pueden abordarse mediante la acción colectiva y la innovación. Al vincular los principios con la práctica y las instituciones con los ciudadanos, el Pacto pretende ir más allá del diagnóstico y avanzar hacia la transformación.
Al hacerlo, pone de relieve una idea fundamental: la democracia no es un logro estático, sino un proceso continuo. La cuestión es cómo protegerla frente a las amenazas actuales y, al mismo tiempo, garantizar que siga siendo significativa y eficaz en un mundo que cambia rápidamente.