ASSEDEL
Nos complace enormemente compartir que nuestra mesa redonda «Que nadie se quede con hambre: el acceso a los alimentos como derecho humano fundamental» tuvo lugar el martes 8 de julio en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, amablemente coorganizada por la eurodiputada Cristina Guarda (Greens/EFA). El evento tuvo como objetivo analizar las tendencias actuales de inseguridad alimentaria desde la perspectiva de los derechos humanos y explorar soluciones viables con nuestro panel de destacados expertos.
Tras el exitoso evento de inauguración «Seguridad hídrica y derechos humanos: un desafío conjunto que nos afecta a todos» celebrado en mayo, este fue el segundo encuentro de la Serie sobre Justicia Climática organizada por ASSEDEL en 2025, donde exploramos las intersecciones entre el cambio climático y los derechos humanos en las sociedades contemporáneas. Creemos que plantear la justicia climática como una responsabilidad compartida es fundamental: los desafíos ambientales trascienden las fronteras y exigen una conciencia colectiva, rendición de cuentas y un compromiso con el principio central de la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás.
Tuvimos el honor de contar con destacados expertos en la materia.
Cristina Guarda, eurodiputada italiana del grupo Greens/EFA. Durante su intervención, la eurodiputada Guarda reflexionó sobre el estado actual y la dirección futura de la Comisión AGRI. Criticó su arraigado enfoque en la competitividad y la desregulación —especialmente en lo relativo a las normas de seguridad alimentaria— y pidió un enfoque más visionario y centrado en las personas. Argumentó que la Comisión debe orientarse hacia la anticipación de las vulnerabilidades y la priorización de las personas, recordando que todos somos consumidores de alimentos (eaters) y, por lo tanto, partes interesadas en la seguridad alimentaria. Guarda subrayó la necesidad de contar con estrategias territoriales más consolidadas que reflejen las realidades vividas por las diversas comunidades, advirtiendo que las políticas descendentes (top-down) a menudo se perciben distantes y desconectadas de la vida cotidiana.
Al abordar el papel de la UE en el apoyo a los esfuerzos comunitarios para combatir la inseguridad alimentaria, señaló iniciativas lideradas por la comunidad como el Banco Alimentare como respuestas vitales que devuelven la dignidad a quienes lo necesitan. Sin embargo, enfatizó que el objetivo final debe ser hacer que tales intervenciones sean innecesarias. En este sentido, la eurodiputada Guarda instó a la Unión Europea a garantizar una financiación accesible para estas acciones locales, respetando al mismo tiempo el principio de subsidiariedad y capacitando a las comunidades para construir una resiliencia alimentaria duradera desde la base.
Almudena Garcia Sastre, experta en políticas de la UE y responsable de incidencia en FIAN Europe, examinó el marco jurídico que configura los sistemas alimentarios europeos. Señaló la fragmentación y la falta de coherencia en las políticas de la UE y abogó por un cambio hacia un enfoque basado en los derechos humanos y arraigado en la democracia alimentaria. García enfatizó las limitaciones de la Política Agrícola Común (PAC), la cual, según afirmó, prioriza la estabilización del mercado en detrimento de los objetivos sociales y medioambientales. Destacó la necesidad de hacer evolucionar la PAC y respaldar las iniciativas nacionales y locales para evitar estrategias regionales desconectadas o ineficaces.
Christophe Golay, investigador senior en la Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, ofreció una visión general del derecho a la alimentación en el derecho internacional, enmarcándolo como un derecho humano fundamental. Asimismo, presentó la nueva ICE «Comida buena para todos», que fue aceptada oficialmente por la Comisión Europea el mismo día del evento.
Una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es una herramienta democrática que permite a los ciudadanos de la UE proponer nueva legislación a la Comisión Europea, siempre que recojan al menos un millón de firmas de varios Estados miembros.
Como miembro de su comité promotor, el Dr. Golay explicó que la iniciativa pide a la UE que garantice de forma sistémica el derecho a la alimentación mediante la construcción de sistemas alimentarios justos y sostenibles.
Somhack Limphakdy, investigador sobre cuestiones hídricas y copresidente, y Léa Staraselski, coordinadora de proyectos del colectivo «Pour une Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA) – Alsace» (traducido como Seguridad Social para la Alimentación), presentaron el proyecto de Seguridad Social para la Alimentación (SSA). Inspirado en el modelo de seguridad social francés, se puso en marcha en 2019 para promover el derecho universal a la alimentación mediante la creación de un sistema en el que el acceso a los alimentos se trate como un derecho garantizado, al igual que la atención sanitaria. Los ponentes enfatizaron que el proyecto está destinado a todos: «Todos somos consumidores de alimentos», recordó Somhack, subrayando que la seguridad alimentaria concierne a todo el mundo y no debería ser una cuestión de ciudadanía, reconociendo el acto de comer como una necesidad humana fundamental. A través de una asignación alimentaria mensual gestionada colectivamente por los participantes, la iniciativa pone en práctica la democracia alimentaria. Los panelistas destacaron la importancia de la democracia alimentaria, la educación popular y la organización comunitaria para reestructurar los sistemas alimentarios de modo que sean inclusivos, justos y sostenibles.
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Marco Lucchini, cofundador y secretario general de la Fondazione Banco Alimentare ETS, enfatizó que el acceso a la alimentación es el primer paso hacia la inclusión social. Si bien la ayuda alimentaria responde a necesidades materiales urgentes, también sirve como puerta de entrada a protecciones y servicios sociales más amplios, especialmente para grupos vulnerables como estudiantes universitarios, trabajadores pobres y jóvenes en situación de pobreza. Asimismo, ilustró el principio de subsidiariedad con ejemplos de la región del Véneto: en Verona, Ronda della Carità apoya a cientos de personas sin hogar y responde al aumento de la demanda en verano. En Venecia, el Emporio della Carità Corte del Forner atiende a 127 familias gracias al apoyo semanal focalizado de Banco Alimentare.
Spyros Papadatos, secretario general de Rural Youth Europe, compartió cómo la organización apoya a los jóvenes de las zonas rurales de todo el continente. Destacó el papel vital de las nuevas generaciones en la configuración de sistemas alimentarios sostenibles y comunidades resilientes. A través de programas de formación, diálogo e intercambios internacionales, Rural Youth Europe fomenta la concienciación, la solidaridad y el compromiso cívico. Su trabajo fortalece el sentido de comunidad y capacita a los jóvenes para contribuir activamente en las políticas alimentarias y el desarrollo rural adaptados a sus realidades.
En general, el debate subrayó que el acceso a una alimentación adecuada, saludable y sostenible es un derecho humano fundamental que debe protegerse y promoverse a todos los niveles. Dado que la inseguridad alimentaria aumenta en toda Europa debido a las desigualdades, impulsadas por el agravamiento del cambio climático y las prácticas insostenibles, resulta cada vez más evidente que nuestros sistemas actuales necesitan una transformación. Esta transformación requiere ir más allá de un enfoque de mercado y asumir la alimentación como una cuestión de justicia, dignidad e inclusión social. Garantizar el derecho a la alimentación implica abordar los desequilibrios estructurales, empoderar a los actores locales y asegurar políticas fundamentadas en la solidaridad, los derechos humanos y la participación democrática.
En conclusión, en ASSEDEL creemos que la justicia alimentaria es inseparable de los derechos humanos y de la sostenibilidad ambiental. Abogamos por políticas alimentarias inclusivas, participativas y basadas en derechos que sitúen en el centro las necesidades de las personas y las comunidades. Reafirmamos una vez más el compromiso fundamental de la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás debe seguir siendo el principio rector que impulse toda acción hacia la justicia alimentaria y los derechos humanos.
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